I) Contexto normativo y social
La actividad desarrollada por la Oficina de la Infancia y la Adolescencia del Ararteko a lo largo de 2011 se orienta conforme a los principales ejes estratégicos de la institución, así como a las líneas de actuación dibujadas para la Oficina en el horizonte temporal 2010-2014. Estas opciones de la planificación estratégica suceden en un contexto social y normativo al que intenta responder y que, a su vez, limita y condiciona la forma concreta en que lo hace. Es por ello que, antes de adentrarnos con detalle en el relato de lo realizado en el ámbito de las personas menores, dedicaremos las siguientes páginas a recordar las principales apuestas de trabajo de la Oficina de la Infancia y la Adolescencia, así como a ofrecer los principales datos que, a nuestro parecer, son significativos en relación con la situación de la infancia y la adolescencia, y las leyes, decretos y reglamentos que constituyen el contexto normativo de actuación.
1.1. El marco de actuación 2010-2014
En el Marco de Actuación 2010-2014 de la Oficina de la Infancia y la Adolescencia presentado en el informe anual del año pasado se explicaban con cierto detalle las principales líneas de intervención de ésta. Así, de manera similar al resto de las áreas de la organización, la Oficina atiende e investiga las quejas y demandas presentadas por las y los menores, directamente o a través de sus representantes legales, o aquellas otras en las que se encuentran concernidos. Este trabajo, en cierta manera "reactivo" ante lo que alguien (una persona, un colectivo) o algo (una posible vulneración de derechos de la que se tiene conocimiento a través de los medios de comunicación u otras vías) nos presenta, viene completado por otras líneas de trabajo más proactivas, en las que se enmarcan actuaciones dirigidas al fomento del trabajo en red, colectivo y colaborativo, a la difusión de la cultura de los derechos de la infancia y, de manera muy especial, al fomento de las posibilidades de que las propias personas menores de edad puedan participar y hacer oír su voz.
Como consecuencia del modelo "matricial" adoptado por la institución del Ararteko en el que las áreas sectoriales, especializadas en ámbitos materiales, son completadas por miradas transversales, en este caso la de los derechos de niños, niñas y adolescentes, persiguiendo un enriquecimiento mutuo y un trabajo coherente y sinérgico, la Oficina de la Infancia y la Adolescencia se estructura con una mínima dotación de personal propio y la asistencia de las personas asesoras de las áreas temáticas que con mayor frecuencia afectan a niños, niñas y adolescentes. Todas ellas, junto con el Ararteko, la adjunta, la directora de relaciones sociales, estudios y modernización y el Secretario General, componen el Consejo de Asesores de la Oficina de la Infancia y la Adolescencia, con un papel destacado en la definición y compromiso con los planes de trabajo elaborados anualmente a partir de este marco de actuación general.
El Plan de Actuación 2011 concreta las líneas de trabajo anteriormente citadas en el espacio temporal que nos ocupa, actuando como hoja de ruta que nos permita avanzar en el camino apuntado unificando esfuerzos y generando las necesarias sinergias para alcanzar de la manera más eficiente posible nuestros objetivos. A este plan responden las actuaciones de las que se dan cuenta en los capítulos siguientes.
1.2. Principales indicadores de la situación de las personas menores en la CAPV
El objeto de este apartado es ofrecer una visión general sobre la situación de la infancia y la adolescencia en la CAPV a través de los datos (procedentes de fuentes secundarias) más actuales disponibles y, en algunos casos, atendiendo a su evolución histórica.
Señalábamos ya el año pasado la necesidad constatada por buena parte de los agentes, tanto sociales como institucionales, del ámbito de la infancia de contar con un sistema de información sobre la realidad de la infancia y la adolescencia con parámetros, criterios e indicadores compartidos que pusiera remedio a una extensa información que adolece todavía de lagunas en torno a temas o realidades concretas, insuficiente utilidad de los datos existentes por desagregación inadecuada o no coincidente entre operaciones estadísticas, lo que dificulta la comparabilidad de los datos, e insuficiente recogida y sistematización. Podemos decir que en 2011 se ha dado un avance importante en este camino con la elaboración por parte del Observatorio de Infancia y Adolescencia del Departamento de Empleo y Asuntos Sociales del Gobierno Vasco del Sistema de indicadores para el seguimiento de la realidad de la infancia y la adolescencia en la CAPV, sistema con el que se podrá estar más o menos de acuerdo respecto a su configuración concreta, pero que tiene el valor indudable de ofrecernos fotografías de la realidad analizada compuestas siempre por los mismos elementos, completas y replicables en el tiempo, que permite a su vez realizar un seguimiento del bienestar infantil y evaluar los progresos realizados como vía para la mejora de las políticas en materia de infancia y adolescencia.
En todo caso, nuestra intención ahora no es tanto ofrecer un panorama detallado sobre la situación de la infancia y la adolescencia en la CAPV a través de este conjunto de datos, sino destacar algunos que nos permitan una mínima caracterización del colectivo al que nos vamos a referir una y otra vez en este documento. Para ello, dada su actualidad, extractamos la información contenida en el Diagnóstico sobre la realidad de la infancia y la adolescencia elaborado por el Observatorio antes citado, completándola con algunos datos recogidos en el estudio La infancia en cifras 2009, publicado por el Observatorio de Infancia del Ministerio de Sanidad y Política Social en el otoño de 2011.
1.2.1. Estructura demográfica
En 2010 se contabilizan en la Comunidad Autónoma del País Vasco 339.048 chicos y chicas menores de 18 años, con una distribución por sexo bastante equilibrada (48,6% chicas y 51,4% chicos). Aunque en términos absolutos el número de menores ha aumentado respecto al de hace una década, su peso sobre el conjunto de la población desciende casi dos puntos porcentuales respecto al de entonces, representando en la actualidad el 15,6% del total de la población, algo menor al porcentaje de menores de edad del conjunto del estado español (17,5%). Centrando la atención en la dinámica evolutiva, no obstante, se puede observar que la progresiva reducción de los menores de 18 años en la población hasta fechas muy recientes y la nueva y, de momento, corta estabilidad de su peso en los últimos años, es similar a la dinámica que puede apreciarse en el entorno europeo.
La población menor extranjera supone el 7,4% de estos chicos y chicas, habiéndose incrementado en los últimos años (5,5% en el 2007). Aun así, la CAPV se sitúa a cinco puntos por debajo del 12% de población menor de edad extranjera registrado en el estado español.
Las proyecciones de población a corto plazo elaboradas por el Instituto Nacional de Estadística apuntan a una estabilización de la población menor de 18 años con una muy leve recuperación para el año 2018. La diferencia apenas supondrá un punto, de cumplirse las previsiones, por lo que cabe esperar que el panorama en cuanto a efectivos y estructura de esta población no varíe sustancialmente.
El peso reducido de la población menor de 18 años tiene una clara relación con las bajas tasas de fecundidad (1,33 hijos por mujer en la CAPV) que, pese a una ligera recuperación en los últimos años, siguen manteniéndose a más de medio punto del denominado "índice de reemplazo". Esta baja fecundidad tiene una clara relación con el retraso en el calendario de la maternidad, donde la Comunidad Autónoma del País Vasco se situaba en 2008 como la de edad media más tardía, algo por encima de los 32 años, siendo un fenómeno generalizado en el conjunto del estado español (la edad media está por encima de los 30 años) y no muy diferente de la experiencia europea.
1.2.2. Formas de convivencia: familias diversas
A fecha de 2008 un 16% del total de las familias de la CAPV, desde la consideración de los distintos modelos de familia, cuenta entre sus miembros con menores de 16 años (127.895 hogares). Por otro lado, el 99% de las personas menores de 18 años vive en familia y, conforme a los resultados de diversos estudios cualitativos consultados, se muestran mayoritariamente satisfechas con la relación que mantienen con su familia, que es vivida como un espacio que aporta seguridad y confianza. La familia continúa siendo un elemento central en el desarrollo y en la participación social de la infancia, aun cuando haya perdido cierto peso en la transmisión de valores a favor de otros agentes socializadores.
Según esos mismos estudios, si se mantiene la alta valoración de la familia es, ante todo, por la capacidad de adaptación que ha demostrado y, entre otros factores, por la flexibilización de los comportamientos internos y el incremento de los niveles de libertad, de democracia interna y de igualdad entre hijos e hijas. Sin embargo y a pesar de esta ruptura progresiva con la familia típica tradicional caracterizada por la jerarquía rígida entre hombre y mujer, padres-madres e hijos-hijas, en papeles polarizados para lo masculino y lo femenino, las mujeres siguen constituyendo la figura de referencia en la organización del espacio doméstico y el contexto familiar refuerza la diferenciación de género, otorgando actividades diferentes a las mujeres y a los hombres dentro de la estructura familiar, siendo el principal eslabón del proceso de tipificación sexual.
Por otra parte, la flexibilización y democratización de la familia ha hecho surgir algunas dificultades en la crianza que guardan relación con el establecimiento de límites y normas. Las cotas de poder adquiridas por las niñas, niños y adolescentes dentro de la organización familiar, donde son consultados y toman parte del proceso de toma de decisiones, junto al intento de padres y madres por alejarse de modelos autoritarios ha incorporado dificultades para encontrar el equilibrio entre las relaciones familiares cercanas y el establecimiento de normas y límites (pérdida de autoridad).
Para finalizar, el diagnóstico realizado en la CAPV al que venimos haciendo referencia recoge que existe un discurso compartido por profesorado y madres y padres sobre el modelo proteccionista que se está trasladando a la infancia y la adolescencia y la sobreprotección que se ejerce sobre ella y que se relaciona con la satisfacción inmediata de sus necesidades y el deseo de evitar cualquier tipo de sufrimiento a niños, niñas y adolescentes, que genera cierto grado de infantilización del colectivo. Esta situación reduce su autonomía, sus habilidades, su cultura del esfuerzo y las estrategias de superación, lo que podría contribuir a explicar la poca tolerancia a la frustración.
1.2.3. Salud
La mayor parte de los indicadores disponibles en el ámbito de la salud se refieren a la expresión más grave de la ausencia de salud: la mortalidad. Se cuenta con algunos datos relativos a la morbilidad, pero no permiten tener una visión completa de la dimensión y características del fenómeno. Con todo, está clara la inserción de la sociedad vasca en un patrón de salud moderno, en el que los problemas más importantes se relacionan con la morbilidad y no tanto con la mortalidad que, afortunadamente, es realmente baja, especialmente entre los más jóvenes.
La infancia en la CAPV goza, como decíamos, de un estado de salud excelente, que ha ido mejorando en los últimos años. Un exponente de ello es la tasa de mortalidad infantil, que se sitúa por debajo de la tasa europea (4,7‰) y española (3,31‰) ya que por cada 1.000 personas nacidas vivas se producen 2,91 defunciones de menores de un año.
El análisis de la estructura de la mortalidad según las principales causas de muerte en los menores de 18 años identifica diferencias sustanciales según las etapas de vida. Así, mientras que a los 0 años el 80,8% de las defunciones están relacionadas con enfermedades del período perinatal y malformaciones congénitas, a partir del año comienzan a ganar presencia las causas externas de mortalidad (accidentes y traumatismos) que suponen ya más de la mitad de las muertes (55,9%) en la franja de 15 a 17 años.
Las características de la morbilidad confirman, en buena medida, las tendencias vistas en la mortalidad, si bien hay que considerar la importancia de las enfermedades del sistema respiratorio y del sistema digestivo como responsables de buena parte de los problemas de salud de niños y niñas.
En cuanto a hábitos saludables, podemos decir que los hábitos alimenticios parecen ser, en general, saludables, con porcentajes de obesidad (5,1%) claramente inferiores a los de otras comunidades autónomas y a la media estatal, que se sitúa en un 9%. Respecto a la realización de deporte y ejercicio físico, un 11% de la población vasca de 1 a 15 años no realiza ningún tipo de ejercicio físico en su tiempo libre, una realidad algo más acentuada entre las chicas y que aumenta según nos adentramos en la adolescencia.
Los datos recogidos anualmente por el Gobierno Vasco respecto a los consumos de sustancias psicoactivas dan cuenta de que el consumo de alcohol, tabaco y otras sustancias ilegales es una realidad extendida en la adolescencia. El alcohol es la sustancia más accesible y más consumida (un 20% de la población vasca de 11 a 17 años consume alcohol todas las semanas y el porcentaje aumenta a medida que aumenta la edad, alcanzando a un 52% de quienes tienen entre 17 y 18 años), además de ser considerada menos grave que el resto. El 12,3% de las chicas y el 6,4% de los chicos de 11 a 17 años fuman diariamente, aun cuando el tabaco es ya considerado como grave o muy grave por el 60% de los adolescentes. Por último, un 71% creen que el consumo de cannabis es grave o muy grave, porcentaje que se ha incrementado en los últimos años, de manera que los y las adolescentes actuales parecen ser más conscientes de sus riesgos.
El 30,2% de los y las jóvenes vascas de 14 a 17 años ha mantenido relaciones sexuales completas y la edad media de la primera relación sexual completa es de 15 años. Parece que, en general, los y las adolescentes conocen los métodos anticonceptivos, principalmente el preservativo, aunque algunos estudios apuntan que lo habitual es que su utilización se relacione con evitar un embarazo no deseado y no tanto con protegerse de las enfermedades de transmisión sexual, cuya incidencia no suelen tener tan presente. Un 92% de los y las jóvenes vascas que han mantenido relaciones sexuales han utilizado un método anticonceptivo seguro, sin embargo, no debe obviarse que un 2,4% de los y las jóvenes de 14 a 17 años de la CAPV señalan haber estado embarazadas o haber dejado a alguien embarazada.
1.2.4. Educación
En los últimos años la tasa de escolarización de los jóvenes de entre 16 y 17 años ha crecido de forma notable, habiéndose generalizado la educación obligatoria hasta los 16 años, lo que ha incrementado el nivel medio de formación de la población.
La CAPV muestra niveles de rendimiento mejores a los de otros territorios del entorno en materias como la ciencia, las matemáticas y la lectura, ya que sus porcentajes de inadecuación rondan el 15% en la prueba PISA, mientras que a nivel estatal y europeo es superior. Sin embargo, existen aún retos que deben abordarse.
En 2008 el porcentaje de jóvenes que abandonaron prematuramente los estudios se situaba en un 14,7%, siendo mayor en chicos (18% frente al 11% de las chicas). Aunque no alcanza el objetivo establecido a nivel europeo para 2010 –10% de abandono prematuro– es la comunidad autónoma que más se acerca a dicho objetivo, ya que la media estatal se sitúa en un 31% de abandonos prematuros.
En el caso de la educación primaria el porcentaje de finalización de la etapa a la edad teórica es de un 88%, porcentaje superior entre quienes estudian en centros privados y quienes estudian en modelo D (91% en ambos casos). En la etapa de la ESO el porcentaje es de un 84% y es aquí donde comienzan a advertirse las diferencias por sexo, siendo mayor el número de chicas que superan la etapa a la edad teórica (69% frente a 59%). En bachillerato desciende a 6 de cada 10 el alumnado que finaliza a la edad teórica y se advierten diferencias notables en función del sexo (70% de chicas que aprueban en la edad teórica frente al 55% de los chicos).
Un 15% del alumnado vasco de 11 a 17 años manifiesta que no le gusta nada la escuela y la diferencia es realmente significativa en función del sexo, ya que el porcentaje de chicos a los que no les gusta nada la escuela es de un 21% mientras que entre las chicas desciende a un 8%. La edad también es un factor determinante de manera que a medida que aumenta la edad incrementa la insatisfacción con la escuela. Así, un 7,8% de los y las menores de 11 a 12 años señala que no le gusta nada la escuela, pero el porcentaje incrementa a un 21% entre quienes tienen 15 y 16 años.
En los últimos diez años se ha incrementado en los tres territorios vascos la proporción de alumnado considerado sujetos de necesidades educativas especiales, de manera que en el conjunto de la CAPV un 3,4% del alumnado escolarizado es tipificado como alumnado con este tipo de necesidades educativas especiales y/o específicas.
Aunque niños, niñas y adolescentes muestran una elevada satisfacción con las relaciones que mantienen con sus iguales en el centro escolar, existen conflictos que, en los casos más extremos, se traducen en acoso escolar o bullying. Según los datos aportados por nuestro propio informe extraordinario Infancias vulnerables, en el curso 2008/2009 de un total de 77 denuncias se identificaron 40 casos de maltrato. El informe resalta la concentración de este tipo de casos en Educación Secundaria, donde las agresiones físicas directas son una parte significativa de la agresión, el descenso en la edad de comienzo del acoso (incluso en primaria) y un porcentaje algo superior entre los chicos (18%) que entre las chicas (15%). Cabe apuntar también, que en la etapa adolescente las tecnologías de la información y comunicación se han convertido en una nueva herramienta de acoso entre iguales.
1.2.5. Recursos económicos; incidencia de la pobreza
El riesgo de no poder disponer de ingresos económicos potencialmente suficientes para hacer frente a la cobertura de las necesidades más elementales estaba presente en el 6% de la población menor de 15 años en 2008, algo superior a la de 2004 (5,3%) y por encima del riesgo de pobreza para el conjunto de la población, que se sitúa en un 4,1%.
En 2008 casi 2 de cada 10 menores se encuentran en riesgo de ausencia de bienestar (insuficiencia de recursos económicos para hacer frente, en el corto plazo, a los gastos habituales que son considerados como necesarios para mantener los niveles mínimos de bienestar y comodidad esperados en una determinada sociedad), un porcentaje algo superior a los datos del 2004 (17,70%). Sin embargo, esta incidencia se cifra en un 14% para la población vasca en general, por lo que se vuelve a corroborar la mayor incidencia de la pobreza en la población infantil.
Para completar esta visión, se hace necesario tener en cuenta los indicadores de pobreza de las familias con prole dependiente. Así, según la encuesta de hogares, en 2008 un 34% de los hogares vascos con prole dependiente cuenta con ingresos insuficientes para hacer frente a gastos extraordinarios. Otro 12% carece de ingresos suficientes para hacer frente al pago de los estudios de sus hijos e hijas y también son un 12% los hogares vascos con prole dependiente que carecen de ingresos suficientes para contratar a una persona para el cuidado de sus criaturas. Todas estas situaciones de insuficiencia de ingresos afectan, en mayor medida, a las familias monoparentales. En los casos más extremos, los hogares vascos con prole dependiente muestran problemas para la cobertura de necesidades básicas en un porcentaje que duplica al existente en 2004 –5,35% en 2008 frente al 2,79% en 2004–.
La coyuntura económica y de empleo se han agravado considerablemente desde el año 2008 al que se refieren estos datos hasta la actualidad, como muestra el ascenso de la tasa de desempleo recogida por la EPA (incremento del 8,32 en el IV trimestre de 2008 al 12,17 en el III trimestre de 2011). Esto no puede indicarnos otra cosa que no sea el consecuente aumento de las situaciones de pobreza infantil en nuestro territorio.
1.2.6. Ocio
Parece que el ocio de niños, niñas y adolescentes hoy es más pasivo y tienen más peso las actividades sedentarias que no se desarrollan al aire libre con respecto a otras generaciones, especialmente entre aquellos y aquellas que viven en zonas urbanas. Por otro lado, parece clara la tendencia a un ocio organizado y dirigido, regulado por norma y bajo la supervisión o el control de alguna persona adulta (las extraescolares, los campamentos, las ludotecas…), fuertemente condicionado por las exigencias del mercado laboral y las dificultades de conciliación de la vida laboral y personal-familiar.
Por otro lado, el tiempo libre de los y las menores está cada vez más repleto de actividades vinculadas al estudio (media de 1,64 horas diarias a hacer los deberes fuera del horario escolar en chicos y chicas entre 11 y 17 años) y de extraescolares relacionadas con el apoyo a las tareas escolares o el aprendizaje de idiomas o música, en ocasiones impuestas por padres y madres por los malos resultados académicos o para mejorar sus aprendizajes.
Los juegos individuales están cada vez más presentes (los niños y niñas pasan más tiempo solos que en épocas anteriores) y casi 2 de cada 10 menores de 11 a 17 años se dedica a jugar con el ordenador o la consola alrededor de 2 horas al día o más entre semana. La televisión ha ido perdiendo peso frente al uso del ordenador, pese a lo cual todavía más de la mitad (55,7%) de la población vasca de 11 a 17 años ve la televisión (incluyendo vídeos y DVDs) alrededor de 2 horas al día o más entre semana.
1.3. Marco normativo y competencial
El reconocimiento de derechos a la infancia y adolescencia es reciente. Su consideración como personas sujetos de derechos ha sido posterior, aunque paralela al reconocimiento de los derechos humanos por parte del derecho internacional humanitario y a su protección en los ordenamientos jurídicos estatales.
En diciembre del año 1990 España ratificó la Convención de los Derechos de la Infancia (CDN), adoptada unánimemente por la Asamblea de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) el 20 de Noviembre de 1989. La CDN constituye el catálogo universalmente aceptado de derechos de los niños y niñas, estableciendo a su vez las obligaciones de los Estados de respetarlos, garantizarlos y hacerlos efectivos.
La Convención establece en sus primeros artículos los dos principios fundamentales que deben orientar todas las acciones institucionales en materia de infancia: el principio de no discriminación y el interés superior del menor.
A partir del artículo 6 desgrana los tres grandes grupos de derechos que se podrían expresar a través de las tres "p", a saber: Provisión, refiriéndose al derecho a poseer, recibir o tener acceso a ciertos recursos y servicios, a la distribución de los recursos entre la población infantil y adulta; Protección, que consiste en el derecho a recibir cuidado parental y profesional, y a ser preservado de actos y prácticas abusivas; y Participación, que expresa el derecho a hacer cosas, expresarse por sí mismo y tener voz, individual y colectivamente.
Deben considerarse, además, otras dos premisas: la indivisibilidad de los distintos derechos y su interrelación, y la responsabilidad compartida de padres y madres, entorno familiar, instituciones y sociedad en su conjunto de velar por el bienestar de todos los niños y niñas.
En el ámbito internacional, además de la Convención de las Naciones Unidas citada anteriormente, y que constituye el marco universal de la defensa de los derechos de la infancia y la adolescencia, conviene tener presente la existencia de diversos tratados internacionales ratificados por España –impulsados por organizaciones internacionales como Naciones Unidas, Organización Internacional del Trabajo, Consejo de Europa, la Conferencia de la Haya de Derecho Internacional Privado, entre otras– en materias sectoriales que afectan a los menores: trabajo infantil, sustracción de menores, explotación sexual, adopción internacional, etc. Además es de destacar, como vinculación y compromiso del Estado español con los correspondientes foros internacionales, su participación en la Sesión Especial de Naciones Unidas sobre Infancia (celebrada en Mayo 2002) y la adopción de la Declaración y el Plan de Acción contenido en el documento "Un mundo apropiado para los Niños y Niñas".
En el marco de la Unión Europea existe también normativa referida expresamente a los derechos de niños y niñas. De entre ella destacamos la Resolución del Parlamento Europeo sobre una Carta Europea de los Derechos del Niño, de 8 de julio de 1992 (Resolución A-3-0172/92) que propone: la figura del defensor de los derechos del niños y la niña, tanto a nivel estatal como europeo, que reciba sus solicitudes y quejas, vele por la aplicación de las leyes que les protegen e informe y oriente la acción de los poderes públicos a favor de los derechos de niños y niñas; la elaboración de una Carta comunitaria de derechos de la infancia con un contenido mínimo que propone.
Es digna de mención también la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea (parte del Tratado de Lisboa) que, en lo tocante a menores consagra el derecho del menor a ser oído, la consideración del interés superior del menor y el derecho a mantener contactos con sus progenitores. En su desarrollo, en 2006 la Comisión Europea sentó una base para promover y proteger los derechos del niño en sus políticas internas y externas mediante su Comunicación «Hacia una Estrategia de la Unión Europea sobre los Derechos de la Infancia», en la que estableció estructuras para reforzar la capacidad de las instituciones de la UE para afrontar los problemas de los derechos del niño y sentó los cimientos de unas políticas basadas en hechos con objeto de acelerar la interacción con los interesados.
En 2011, esta misma Comisión considera llegado el momento de dar un nuevo impulso a estos derechos y plasmar los objetivos políticos en medidas, para lo que dirige una Comunicación al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones en la que aboga por una «Agenda de la UE en pro de los Derechos del Niño» que corrobore el firme compromiso de todas las instituciones de la UE y de todos los Estados miembros de promover, proteger y respetar los derechos del niño en todas las políticas pertinentes de la UE y plasmarlo en resultados concretos. La Agenda de la UE en pro de los Derechos del Niño expone los principios generales que deben garantizar la ejemplaridad de la acción de la UE a la hora de velar por el respeto de las disposiciones de la Carta y de la CDN relativas a los derechos del niño. Además, se centra en un determinado número de medidas concretas en ámbitos en los que la UE puede aportar un auténtico valor añadido, tales como la justicia accesible a los niños, protegiendo a los niños que se hallan en situaciones vulnerables y luchando contra la violencia que afecta a los niños dentro y fuera de la Unión Europea.
En todo caso, los principios de la Convención de los Derechos de la Infancia expuestos más arriba forman ya parte del ordenamiento jurídico del estado español en la medida en que han sido incorporados a la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de Protección Jurídica del Menor, de Modificación Parcial del Código Civil y de la Ley de Enjuiciamiento Civil. Esta ley constituye a nivel estatal el marco jurídico de protección que vincula a todos los poderes públicos, las instituciones específicamente relacionadas con la infancia, los padres, madres y familiares y la ciudadanía en general. En ella se recoge el ámbito de aplicación de la ley y de los derechos de la infancia en la línea, como decíamos, de la normativa internacional, haciendo especial referencia a la Convención de Derechos de la Infancia de Naciones Unidas establecen los principios rectores de la actuación de las administraciones públicas, y se especifican las actuaciones en situaciones de desprotección social del niño o niña y las instituciones de protección de los y las niñas.
Transcurridos quince años desde la aprobación de esta ley, en 2011 se ha iniciado un proceso de actualización de la legislación sobre protección de menores que, conforme al anteproyecto sometido a información pública (Anteproyecto de Ley Orgánica de actualización de la legislación sobre protección a la infancia), propone cambios a la Ley Orgánica 1/1996 citada, así como al Código Civil y la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil. Las modificaciones propuestas se orientan mayoritariamente a procurar mejoras y garantizar los derechos en la atención a niños y niñas en situación de desprotección, por lo que nos referiremos a ellas en el capítulo II, al detenernos en la problemática de la infancia en desprotección. Excepción a esta afirmación es el artículo que establece los criterios mínimos que se deberán tener en cuenta para interpretar y aplicar el interés superior del menor, dado que, tal y como se expresa en la exposición de motivos del anteproyecto, se trata de un concepto jurídico indeterminado que es necesario delimitar y concretar en cada caso individual en que se vaya a aplicar, lo que supone una valoración y determinación no siempre fácil ni sencilla, tal y como la experiencia ha demostrado.
De conformidad con la estructura territorial y administrativa del Estado español, la Comunidad Autónoma del País Vasco, dotada de potestad legislativa, desarrolla la legislación autonómica en materia de protección y promoción de los derechos de los y las menores al aprobar la Ley 3/2005, de 18 de febrero, de Atención y Protección a la Infancia y la Adolescencia, en cuyo Título segundo "De los derechos de los niños, niñas y adolescentes y de su ejercicio" se desgranan los derechos emanados de la Convención de los Derechos de la Infancia. El resto de la ley se dedica a regular la protección de los niños y niñas en situación de desprotección y desamparo, por lo que será citada de nuevo al referirnos a la normativa sectorial.
Constatar, por último, que la concreción a nivel interno de los derechos de las personas menores de edad y de los compromisos asumidos en su protección y atención es prolija, ya que afecta a la salud, a la educación, a la protección social y a las situaciones de riesgo y desamparo, a su reinserción social, a la protección de su integridad… Es por ello que se encuentra referida en un buen número de leyes, decretos y demás desarrollos, configurando un marco normativo extenso del que destacamos los principales elementos en el anexo I de este documento.